Buenos Aires.- El presidente argentino, Javier Milei, firmó un decreto para fortalecer la coordinación de la política exterior Malvinas y ordenar las acciones de los distintos organismos estatales vinculadas con el reclamo de soberanía sobre el archipiélago del Atlántico sur, administrado por el Reino Unido.
La medida, publicada este viernes en el Boletín Oficial, establece el Sistema de Articulación de la Política Exterior dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores. La Cancillería será responsable de reunir información, brindar asesoramiento y coordinar las actividades internacionales de dependencias públicas que puedan guardar relación con la disputa.
La Cancillería tendrá mayor capacidad de coordinación
El nuevo mecanismo busca que las actuaciones oficiales mantengan una línea común con los objetivos generales de la política exterior argentina. Para el Gobierno, la defensa de los derechos soberanos sobre las islas requiere una estrategia estatal unificada que evite declaraciones, gestiones o decisiones que puedan debilitar la posición del país.
En caso de detectar medidas que puedan perjudicar esos intereses, el Ministerio de Relaciones Exteriores podrá emitir advertencias y formular recomendaciones fundamentadas a otros organismos del Estado. El decreto no modifica las competencias de esas dependencias, pero incorpora una instancia de coordinación y supervisión diplomática sobre asuntos relacionados con Malvinas.
Presión sobre las empresas petroleras
La decisión se conoce en un contexto de creciente presión del Gobierno argentino contra las compañías que operan en el área disputada. El 3 de septiembre, Milei anunció que se acelerarían las sanciones destinadas a empresas petroleras, accionistas y proveedores que desarrollen actividades en las islas sin autorización argentina.
Durante esta semana, el Estado presentó una denuncia penal contra diez compañías de Israel, el Reino Unido y Canadá que cuentan con permisos concedidos por las autoridades isleñas. Argentina considera que esas licencias carecen de validez porque fueron otorgadas en un territorio cuya soberanía reclama.
Entre las empresas señaladas se encuentra la firma israelí Navitas, responsable del proyecto Sea Lion, ubicado aproximadamente a 220 kilómetros al norte de las islas. La iniciativa contempla comenzar la extracción de petróleo en 2028, lo que convertiría al archipiélago en un área de explotación hidrocarburífera y elevaría la tensión entre Buenos Aires y Londres.
Además de la denuncia penal, el Gobierno inició alrededor de 50 procedimientos administrativos contra empresas y accionistas. También anunció la instalación de una base naval en el extremo sur del país y el envío al Congreso de un proyecto para ampliar y endurecer las sanciones contra actividades económicas desarrolladas en Malvinas sin autorización argentina.
